Amenazas de bomba: el Estado demandará por al menos $64 millones
Esta medida es retroactiva y se aplicará a los responsables de los 16 casos registrados en lo que va del año en edificios públicos de la provincia.
Con el objetivo de frenar los cada vez más frecuentes llamados por amenazas de bomba y que la provincia recupere parte de los fondos que invierte en cada operativo de seguridad, Fiscalía de Estado tomó la decisión de demandar civilmente por daños y perjuicios a todos los responsables de estos casos, tanto a mayores como a los menores de edad. Así lo anunció ayer en conferencias de prensa el fiscal Sebastián Dávila, quien agregó que la medida es retroactiva y que, para los menores, también contempla un abordaje integral con el gabinete técnico de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia para trabajar en la toma de conciencia y prevenir más conductas ilegales y de peligro. Con esta propuesta, el Estado espera llegar a recuperar al menos unos $64 millones.
A partir de la semana que viene arrancan las demandas por daños y perjuicios contra los responsables de los llamados de amenaza de bomba contra edificios públicos, medida que llevará adelante Fiscalía de Estado ante la reiteración de casos. Y las demandas se aplicarán tanto en los hechos que ocurran a partir de ahora como a los ya registrados. El fiscal del Estado, Sebastián Dávila, dijo que ‘estas conductas, en donde el Estado Provincial es víctima, además de generar alarma social y desviar recursos públicos esenciales, constituyen hechos de gravedad que no pueden quedar impunes’. También agregó que estas medidas no sólo se aplicarán a partir de ahora, sino que también son retroactivas, por lo que se les iniciará una demanda civil a los responsables de los 16 casos de amenaza de bomba registrados en lo que va del año.
Dávila explicó que estas demandas implican un pago mínimo de $4.000.000, cifra que puede aumentar teniendo en cuenta diferentes variables como son los daños directos, indirectos y colectivos. ‘Tomamos este monto como base, teniendo en cuenta el costo del operativo que se llevó a cabo ante la amenaza de bomba en el Hospital Rawson y en la Escuela Boero. Pero la suma puede crecer por otras variables. Además, el demandado tendrá otros gastos, como el pago de los honorarios de un abogado para enfrentar el juicio’, dijo el fiscal de Estado.
De esta manera, si prosperan las demandas civiles contra los responsables de los 16 casos de amenaza de bomba registrados en lo que va del año, el Estado podría recuperar unos $64.000.000, si cada uno de los responsables deba pagar $4.000.000.
La demanda civil, según explicó Dávila, está dirigida tanto a los mayores responsables de los llamados de amenaza de bomba como a los menores involucrados, aunque en estos casos son sus padres o tutores quienes serán demandados. Cabe recordar que de los 16 casos registrados, 8 llamados fueron realizados por mayores y 8 por menores de edad.
Dávila también aclaró que esta medida complementa las acciones penales, ya que las amenazas de bomba están contempladas en el Código Penal como un delito de intimidación pública que prevé una pena de 2 a 6 años de prisión. ‘En el caso de los mayores responsables de los llamados, Fiscalía de Estado va a seguir constituyéndose como parte querellante en todos los procesos penales, ya que el Estado es una víctima en estos casos. Y en la caso de los menores de edad, donde Fiscalía no se puede constituir como parte querellante, pero si como víctima porque el Estado es víctima de este tipo de hechos, va a pedir una serie de medidas que involucra a diferentes actores’, dijo Dávila.
En este aspecto, el fiscal dijo que se solicitará la intervención de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, a fin de garantizar un abordaje integral que contemple tanto la dimensión legal como la socioeducativa del menor en conflicto con la ley penal, con la participación de su círculo familiar, vecinal y social. Agregó que, según corresponda y de acuerdo a lo que determine el abordaje de los gabinetes técnicos de la propia Dirección o bien mediante el Programa de Justicia Restaurativa Juvenil, se buscará promover en los menores el análisis, la reflexión y las prevención de futuras ‘conductas de riesgo’.
Las demandas civiles por daños y perjuicio comenzará a partir de la semana que viene y luego de que Fiscalía de Estado reciba los informes que pidió a los ministerios de Educación, de Salud y de Infraestructura, y a la Secretaría de Seguridad sobre los detalles de los llamados de amenaza de bomba en las escuelas, Hospital Rawson y Centro cívico para sí poder determinar el monto de la demanda. ‘La función de la Fiscalía de Estado es defender los intereses y patrimonio de la provincia. En estos casos, el patrimonio se ve afectado por que hay un desvío de recursos económicos que son esenciales para el funcionamiento del Estado y que se deben utilizar para aplicar los protocolos correspondientes. La Fiscalía tiene la obligación de recuperar esos fondos’, sostuvo el fiscal.
Brigada Antiexplosivos necesita refuerzos
Otra escuela. La Escuela Rogelio Boero fue otro de los blancos de amenaza de bomba este año.
La Brigada Antiexplosivos de la Policía de San Juan fue creada en noviembre de 1973 y, desde entonces, puso énfasis en la capacitación y en conseguir los elementos necesarios para lograr la mayor efectividad en su trabajo. Actualmente son 13 los efectivos que la integran y que más de una vez deben intervenir simultáneamente en varios operativos tal como ocurrió el año pasado cuando al mismo tiempo hubo amenaza de bomba en Tribunales, en el Centro Cívico y en un centro sanitario. O como pasó este año con amenazas simultáneas en dos escuelas. ‘En el operativo por la amenaza de bomba en el recital de Lali intervenimos 9 efectivos de la Brigada Antiexplosivos. Si en simultáneo hubiera existido amenaza en otro lugar se habría complicado la intervención. Es por eso que hemos presentado un proyecto en la Jefatura de Policía para que se incorporen más efectivos a la Brigada’, dijo Carbajal.
Carbajal también dijo que el costo operativo de poner en marcha el protocolo ante una amenaza de bomba ronda en los $4 millones por llamado, y que incluye la movilización de personal, equipamiento tecnológico y movilidades. Y que son los montos que se les hace pagar a los responsables de estas falsas alarmas, aunque resultan insignificantes para la inversión en la compra y mantenimiento del equipo usado en cada intervención. ‘Tenemos sólo un traje EOD confeccionado con materiales que resisten un alto impacto y que protegen la vida del brigadista. Cuesta unos 60 millones de pesos y tiene una vida útil de 10 a 15 años que puede verse afectada por la cantidad de traslados sin razón’, dijo el jefe.
